A quienes juzgue la historia, los absolverán los medios

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Hay que defender la historia, decía Paul Virilio. Pura ilusión. Hay un libro de la escritora Laura Restrepo que hoy se llama Historia de un entusiasmo, pero alguna tuvo un título más justo: Historia de una traición. Hay un pasaje en ese libro donde se recuerda la primera investigación a profundidad sobre el Paramilitarismo en Colombia. Son los años 80s. Betancurt, el pusilánime, en el poder. La mafia adueñándose de un millón de hectáreas en el Magdalena Medio y Córdoba, el ejército Nacional adiestrando abiertamente a escuadrones de paramilitares en predios de la Texas en Puerto Boyacá. Masacres. Magnicidios. Genocidios. Muerte a Secuestradores: “El procurador Carlos Jiménez entregó a Betancurt una lista de 163 acusados de pertenecer al MAS (Muerte a Secuestradores). El general Fernando Landazábal (próximo a ministro de defensa) escribió una editorial amenazante y fulminante en la revista de las Fuerzas Armadas (reproducida en los principales diarios): “Ante las perspectivas del desdoro de su dignidad, (los militares) podrían disponer su ánimo para una contienda de proporciones incalculables e imprevisibles que llevarían al país a una nueva fase de violencia”. No lo decía un simple general, sino un futuro Ministro de alto vuelo, y debió sonar un poco a amenaza de revuelta y de junta militar, en un momento en que Betancur se la jugaba con los guerrilleros echando los dados en la mesa con Mefisto, porque recuerda Laura Restrepo que hasta Ernesto Sábato, que estuvo en esos días visitando a Colombia, comentó: “Si esto sucediera en Argentina, ya habría un golpe de estado”. Pero Laura Restrepo usa la alusión para sopesar lo que ocurrió en la Colombia de esa década: "El presidente nunca más citó el tema, el procurador tampoco. Ninguna de las 163 personas fue condenada”.
El escándalo por paramilitarismo más grande que se haya dado en Colombia, sin embargo, no fue el que recuerda Laura Restrepo en ese libro, ni el Dossier Paramilitar que publicó la revista Semana en abril de 1989 donde se puso a la luz pública la estructura paramilitar de entonces, ni los procesos de Justicia y Paz que acaban de irse al carajo en 2008 con la extradición de los jefes Paras a Estados Unidos. El escándalo más grande y el proceso más evidente de nexos entre políticos y ganaderos y de industriales y de empresarios nacionales y extranjeros con el paramilitarismo, es el que se conoce a cuenta gotas desde hace dos años como Parapolítica. En este gran negocio, como decía Jaime Garzón de la cocaína, el que no tiene untado el bolsillo tiene untada la nariz. Con la extradición de los Jefes Paras no sólo se ve interrumpida la posibilidad de exhumar treinta mil osamentas desperdigadas y de ir aumentando la cifra de políticos encarcelados, sino de comprobar lo que era un secreto a voces y que había venido promulgando Mancuso y Báez y Jorge 40 desde hace mucho: que los padres del paramilitarismo y los culpables de tanta sangre y osamentas descoyuntadas en los 80s y 90s y en lo que va corrido de esta porqueriza de siglo, no son sólo son el amnésico Ramón Isaza (Caruso) y el mayor Alejandro Álvarez Henao (del batallón Bomboná cuando era en Puerto Berrío) y el general Faruk Yanine Díaz, y Fidel Castaño (Rambo), y Gonzalo de Jesús Pérez (en Puerto Boyacá) y Rodríguez Gacha, porque ellos son apenas los abuelitos de la camada, los que ya nadie nombra, porque salieron de la partida o están casi muertos. Parece ser que a los 163 personajes que investigó el procurador en tiempos de Betancurt debemos irle añadiendo dos o tres o cuatro ceros, acaso más, en pleno 2008. Los padres del paramilitarismo, los que pusieron la simiente, los dólares, la instrucción, los que adoctrinaron a una generación entera de asesinos en medio de la obediencia absoluta y la atrocidad cotidiana y el aplauso por los excesos de su brutalidad, son también quienes financiaron y dieron la mano a varios de los criminales que hoy se lleva Estados Unidos a juzgar en sus tribunales llenos de jueces y policías y testigos adictos. Es decir que junto a los parapolíticos, deberían estar yendo a la cárcel los industriales honestos de empresas progresistas como Postobón, Bavaria, Drummond, Banacol, Comcel, y todos los ganaderos de apellido Uribe y Velez y todos los mafiositos que coparon la plaza a la muerte de los grandes capos del Cartel de Cali y Medellín, y los que limpiaron el territorio a plomo y sangre para apoderarse de la tierra y de lo que ella esconde bajo las osamentas que ya nadie encontrará. De nada sirve hacer memoria en este país, porque a quienes juzgue la historia, los absolverán los medios. Los periodistas que callan, para poder conservar su empleo y sus vacaciones. Los periódicos que esconden el tamaño real de todo lo que acaece a diario en Colombia. Los noticieros que difunden la declaración del ministro y el general y el ministro y el vocero y las estadísticas imbéciles de sus urnas virtuales no para difundir la opinión pública, sino para generarla. Ni siquiera la clase intelectual se atreve a decir lo justo, porque lo justo es el silencio. Hace pocos días me llegó a oídos la frase que usa la historiadora Diana Uribe cuando la multitud de oyentes que la veneramos como a una madre culta y cruel le preguntamos por qué no dedica un par de semanas a hacerle la radiografía a su propio país desde la radio. La respuesta es sencilla, y comprensible: “porque yo quiero vivir en Colombia”. Cómo te entiendo, Diana querida. Cómo te esfuerzas para aludir a tu propio país con el ejemplo de la infamia ajena, con balas a Santander para que las escuche Bolívar. Pero no es suficiente. Hay que estar a la altura de la dignidad que te otorga el saber. Hay cosas más importantes que la vida, recuerda al I Ching. Yo, por mi parte, como estoy empeñado en empresas utópicas, en caminos que conducen a nada, he decidido en estos días de guardarse la esperanza en el bolsillo y sacarse la cédula y arrojarla al río más cercano, hacer mi alegato personal a la madre Patria, a mi puta madre. De nada sirve hacer memoria, pero la única dignidad que debe aspirar aquel que escriba es convertirse algún día en la memoria de alguien. Con eso basta.


Brevísima relación de la destrucción de una infancia

A finales de 1981, la mafia en asocio anunciaba la formación del grupo de exterminio MAS: Muerte a Secuestradores, para defender a los llamados secuestrables de las extorsiones guerrilleras, a raíz del secuestro de una hija del clan Ochoa por parte del M-19 (un grupo beligerante de sediciosos esnobistas venidos de la clase media que cobraron millones de dólares por retener colombianos para después soltarlos y volverlos a retener). Helicópteros que lanzaban volantes con el anuncio de muerte y guerra sobrevolaron entonces el cielo de Medellín y Cali y decenas de poblados y veredas del Magdalena Medio, y esta lluvia extraña a muchos pareció un poco fresca (el bebé que éramos entonces, tenía seis meses de nacido y desde los brazos de su madre sonreía al ver revolotear aquella llovizna de panfletos alzando las manecitas para alcanzar alguno). El 10 de marzo del 84 una flotilla de helicópteros fustiga los llanos del Yarí, en el Caquetá, donde hierve el complejo cocalero más grande de la historia conocido como Tranquilandia. El 30 de abril de 1984 la mafia en asocio responde al agravio de Tranquilandia cuando una ametralladora mini-Ingram calibre 380 accionada desde una motocicleta hace blanco con 7 balas de 22 disparadas al cuerpo del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla (y coincidencialmente al niño le es llevada entonces una indefensa pistolita de juguete para que se entretenga mientras su madre trabaja duro cosiendo vestidos de luto negro). El 8 de noviembre de 1985, después de 24 horas de asedios y enfrentamientos dentro y fuera del palacio de justicia, tomado por los rebeldes en el corazón del poder, el ejército asalta con obuses el edificio leguleyo ocasionando el incendio y la muerte de los guerrilleros y de los rehenes que yacen dentro, y a muchos entusiasmó el espectáculo del comandante militar diciendo que él sólo estaba defendiendo la democracia, maestro, y que había entrado en paz con los tanques de juguete y desde dentro le dispararon con metralla y que por eso los levantó a cañonazos de obús (el niño tenía cuatro años, y ya andaba de nariz, postrado y estupidizado frente a la pantalla de un televisor marca Itachi, viendo a un transeúnte dar de comer a las palomas tranquilamente, mientras de fondo los militares y los tanques empezaban la evacuación y las desapariciones del Palacio). El 17 de diciembre de 1986 dos muchachitos subidos en una moto con placas FOX 84 ametrallan y logran poner ocho balazos certeros en el cuerpo del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, silenciando definitivamente sus recalcitrantes pesquisas a la mafia colombiana. El 11 de octubre del siguiente año los mismos muchachitos de la moto van de paseo, ahora en carro, por la carretera que conduce de La Mesa a Bogotá y se encuentran casualmente con Jaime Pardo Leal —quien es ya un candidato presidencial, y después de Guillermo Cano el principal denunciante de los terratenientes mafiosos— y aprovechan de paso para averiguar con su panza hinchada a qué distancia te arranca la vida una bala de metra mini-uzi nueve milímetros, fabricación israelí (el niño tenía cinco años, y en medio de otros niños ya no sonreía). Para el 16 de julio de un año bisiesto, durante la fiesta de la virgen del Carmen, las cámaras de televisión registran el momento en que el obispo de Manizales bendice en la plaza pública de Puerto Boyacá los fusiles paramilitares del escuadrón especial de asalto entrenado por mercenarios israelíes al mando de Yair Klein (tenía seis años el niño, y se preparaba para hacer la primera comunión, pero un reumatismo mental le impedía arrodillarse como el resto en aquella iglesia en semipenumbra). El año 88, de elecciones, guerras y masacres, empieza el 13 de enero, cuando una bomba casual es dejada frente al edificio Mónaco de Medellín donde reposa la colección de carros antiguos y dos o tres girasoles de Van Goth pertenecientes al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. El 4 de marzo son masacrados docenas de trabajadores bananeros en Turbo, Antioquia. El 3 de abril mueren treinta campesinos en una región del Córdoba llamada sardónicamente La mejor esquina. El 29 de mayo, durante el paro campesino del nororiente colombiano, el ejército al mando del coronel Rogelio Correa Campos abre fuego contra la multitud en la vereda Llana Caliente de San Vicente de Chucurí, Santander. El primero de septiembre los periódicos publican como noticia de relleno las imágenes de una masacre en Canalete, Córdoba. El 11 de noviembre dos camionetas al mando de Fidel Castaño Gil atraviesan el municipio de Segovia, Antioquia, y van dejando un reguero de muertos por el callejón de las reinas y la plaza principal, a cinco minutos de una guarnición militar donde no se vio ni se oyó nada (siete años tenía ya el niño, y bien definida desde entonces su noción de la muerte). El año 89, comienza en enero. El 18 de enero, para ser exactos. Ese día, una comisión judicial que investiga la extraña desaparición de 20 contrabandistas a manos de paramilitares de la región es masacrada en La Rochela, Santander, en un crimen por el que tendrá que pagar el estado colombiano doscientos mil dólares a razón de víctima individual veinte años después cuando pierda un juicio en su contra ante un tribunal extranjero. El 18 de agosto de 1989 rafaguean al candidato presidencial Luis Carlos Galán en la tarima pública que llevará su nombre desde ese momento. El 2 de septiembre el periódico El Espectador se vuelve migas con un carro-bomba que le explota al frente y resulta el comienzo de su ruina y su silencio. El 21 de septiembre explotan bombas como juegos de artificio por todo Bogotá ¡bum! ¡bum! y saltan sus cedes políticas. El 27 de noviembre un avión Boeing 727 de la agencia Avianca explota con 117 pasajeros en el cielo nublado de Soacha. El 6 de diciembre estalla en miles de partículas elementales el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el más seguro del estado, bum, bum, bum: seis mil kilos de dinamita, bum, bum, bum: un camión explosivo puesto por el jefe de sicarios de Escobar alias “El Chopo” (y el niño tenía casi diez, y ya casi no era tan niño, y no quería dejar tampoco de serlo). La década de los noventas, la más sanguinaria de nuestra historia, comenzaría muy pronto con el asesinato número mil entre los militantes de la Unión Patriótica: Bernardo Jaramillo caerá acribillado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por las balas de un muchachito que se arroja sobre su cuerpo luego del acto a implorar perdón. Carlos Pizarro Leóngomez morirá dentro de un avión de Avianca por la metralla de un autómata que sabe que será ejecutado al instante por los guardaespaldas del ex guerrillero. El estado colombiano en asocio con demás carteles de la droga y los llamados PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar) inaugurará la cacería feroz que sostendrá contra el narcotraficante más temido de finales del siglo. Mientras tanto, un nuevo ejército de descuartizadores se organiza para entrar en batalla al ruedo nacional y convertirse en el aparato de guerra más asiduo de la historia de crímenes que nos preceden. Esa fue la herencia social y por tanto literaria que recibió mi generación de nuestros antecesores. Bajo esa sombra nacimos con la voz secuestrada y tuvimos que construir obras hermosas.
Continuará
(Los años noventa)

Fotografìa: Autodefensas, Narcotràfico Carlos Medina Gallego
Jefes Paras: Radio Santafè

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