Palabras que matan

marzo 18, 2010

A finales de 2009 un estudiante X de la universidad de los Andes quiso fundar un grupo en la red social Facebook con el originalísimo rótulo: me comprometo a matar a Jeronimo Uribe. El único sujeto al que se le puede llamar Uribe sin temor a equívoco en Colombia es a Uribe-Vélez, el presidente. Así que el equivalente de la expresión era: voy a matar al hijo del presidente. El hecho es demasiado ridículo como para prestarle atención, de no ser porque si un imbécil pierde sus derechos fundamentales, por ahí de paso los perdemos todos. El ruido de fondo con que el escándalo pasó de agache por la prensa es que ante una amenaza de muerte un padre no puede quedarse callado. Y el papá actuó: aprovechó su investidura, puso a un cuerpo de inteligencia del estado en contacto con las últimas tecnologías del FBI y desde una oficina federal de los Estados Unidos rastrearon la IP del computador donde se fundó el grupo, la identidad del propietario, y de paso la dirección domiciliaria en Colombia, el oficio, el día del cumpleaños y hasta los hobbies a que estaba acostumbrado el posmoderno “terrorista” que amenazaba con tanta desfachatez a los indefensos hijos del presidente.
No está de más recordar que por entonces el país acababa de enterarse de que los dos indefensos hijos de nuestro transparente mandatario se habían enriquecido de la noche a la mañana con un negocio redondo en la Zona Franca de Madrid, Cundinamarca, al comprar un barbecho de pobre por una cifra ridícula de 30 millones y avaluarlo (una vez declarada la Zona Franca sobre sus terrenos) en 36.000.000.000 de pesos, incrementando así en varios miles de millones el ya voluminoso patrimonio familiar. El escándalo (no pasó de ahí) provocó un debate en el congreso, unas explicaciones perogrullezcas de los dos imberbes y una enérgica defensa presidencial de la honorabilidad y destreza de la raza paisa para hacer negocios. Poco después, el terrorista fundaría la red social en Facebook por la que sería encarcelado en una cárcel de máxima seguridad (donde hoy permanece a espera de juicio).
Aparentemente el error que cometió el estudiante X fue convocar a un grupo virtual bautizándolo con una frase llamativa de la que esperaba una nutrida acogida en la coyuntura social de la época y no lo que le consiguió: una encanada de la que no lo saca mi dios (el suyo de él). A primera vista resulta paradójico comparar la velocidad de tortuga con que cojea la justicia para cientos de familias amenazadas de muerte física por los paramilitares a las que no se les presta atención ni protección, y la velocidad y técnica empleada para capturar a un incauto internauta que desconoce las normas mínimas del terrorismo virtual en una dictadura democrática como la colombiana:
No pienses.
Si piensas, al menos no hables.
Si hablas, por lo menos no escribas.
Si escribes, cuando menos no firmes.
Si a pesar de todo firmas, no te extrañes de nada.
El cargo bajo el cual el estudiante X fue encarcelado ocho días después y llevado a una cárcel de máxima seguridad es “amenaza”, tipificada como “intento de homicidio”. El cargo queda desvirtuado por la dinámica lúdica (léase subnormal) de las redes sociales. Si alguien dice a título personal “Voy a matar a los hijos de tal” y lo hace, es un delito, con confesión incluida, y pare de contar. Si lo que hace es fundar una red social en Facebook con esta frase, entonces la expresión se constituye en un lema, del tipo “Odio a Botero”, “Asociación de idiotas dispuestos a superarse”, “putas, pero dignas”, et al.
La ingenuidad del estudiante X al utilizar dicha frase reside en haber minimizado la resonancia de su slogan en un país acosado por los escándalos donde cualquier chivo expiatorio sirve como ruido para cauterizar la coyuntura. De modo que sólo queda aconsejarle que rece (si cree en dios) para que le toque un juez mujer, una madre que piense: podría ser mi hijito… Entonces tal vez lo absuelvan y no pase de ser un chiste más en el sartal de abusos de los poderosos de Colombia.
En caso tal de que la acusación prospere y a nuestro torpe estudiante X le claven 10 años de sombra (mientras a un asesino de lesa humanidad se le deja libre), no habrá duda: se habrá restablecido el delito de opinión.
La corte Interamericana de Derechos humanos, cede en Washington, dice al respecto: “Solo puede sancionarse civilmente y de forma proporcionada a quien publica información falsa, con el conocimiento pleno de que es falsa y con la intención de causar daño a otra persona. Las opiniones por injustas que resulten, no pueden ser nunca sancionadas. Sería restablecer el delito de opinión, que algunos gobiernos del mundo que no toleran la crítica desearían tener en sus códigos penales.” (*Carolina Botero, relatora actual para la Libertad de Expresión)

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